Buenos Aires, Argentina — Ocho activistas de Greenpeace serán llevados a juicio oral el próximo martes 16 de junio por la Fiscalía número 6, dependiente del Ministerio Público del Gobierno porteño, por haber desplegado un cartel gigante en el obelisco en el que denunciaban la contaminación que produce la basura de la Ciudad de Buenos Aires en el conurbano bonaerense.
Los ocho jóvenes activistas de Greenpeace procesados, tres mujeres y cinco hombres de entre 20 y 43 años, están acusados de "violación de domicilio" y "daño agravado", en el marco de una demanda impulsada por el Ministerio Público porteño y que podría desembocar en una condena de prisión efectiva de cuatro años para todos los imputados.
"Resulta paradójico que se impulse el arresto de los activistas por denunciar la contaminación que la Ciudad produce en el Conurbano porque las autoridades del Gobierno porteño no cumplen con la Ley vigente en materia de residuos, que los obliga a reducir las toneladas de basura que son enterradas en los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires", declaró María Eugenia Testa, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Durante todo el año 2008 y hasta la fecha, Greenpeace ha venido denunciando públicamente el incumplimiento de la Ley “Basura Cero” y, días atrás, la organización ambientalista dio a conocer un informe oficial en el que se corrobora la denuncia que los activistas hicieron pública al subirse al obelisco.
Según datos oficiales, el Ejecutivo porteño admite un aumento del 12,07% de la basura enterrada durante 2008 en relación al año anterior, y una disminución del 24% de los residuos reciclados. Por otro lado el informe oficial deja en claro la intencionalidad del gobierno de Mauricio Macri en el abandono y fracaso del sistema de gestión de residuos establecido por la Ley.
Sin embargo, la titular de la fiscalía número 6, Claudia Barcia, ha insistido en mantener una acusación que podría provocar que los activistas sean condenados a una pena de prisión efectiva por la supuesta comisión de los delitos de "daño agravado" y "violación de domicilio" (pese a que las pericias no comprobaron la denuncia).
“La causa promovida por Macri significa la criminalización de una protesta pacífica y pública, lo que demuestra claramente el desconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad del constitucional derecho de peticionar. Por otro lado, no existe la violación de domicilio en este hecho ni el delito de daño y menos daño agravado”, sostuvo Martín Prieto, director Ejecutivo de Greenpeace Argentina.
“Es evidente que al Gobierno de la Ciudad le molestó que denunciáramos su intencionalidad en desactivar el cumplimiento de la Ley de Basura Cero, cuyo resultado está hoy a la vista, no solo un documento oficial remitido por el Ejecutivo a la Legislatura confirma nuestras denuncias, sino que, además, en el mismo boletín oficial el Gobierno de la Ciudad informa que estará invirtiendo millones de pesos en dos nuevos rellenos para seguir enterrando basura y contaminando en el conurbano sin ningún compromiso serio de reducción”, dijo Prieto.
La Ley 1854 fue aprobada por unanimidad en el año 2005 en la Legislatura Porteña, y comenzó a implementarse en 2007. El objetivo de la norma es reducir progresivamente la cantidad de basura que se entierra en los rellenos sanitarios del conurbano, y provoca contaminación y enfermedades a las comunidades vecinas, hasta llegar a ‘Cero’. La meta inmediata establecida es reducir los residuos que se envían a rellenos en un 30% para el año 2010. Para lograrlo, la legislación dispone la implementación de medidas que promuevan la separación en origen, la contenerización diferenciada en la vía pública, y que garanticen la recolección diferenciada por parte de las empresas que brindan el servicio, con el fin de que no sean enviados a relleno materiales reciclables.
La Ciudad envía diariamente alrededor de 5.200 toneladas de basura al conurbano. Los residuos urbanos que son depositados en los rellenos contienen una variedad de sustancias químicas como metales pesados y una enorme cantidad de compuestos orgánicos como detergentes, solventes y contenidos de plástico como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído, entre otros. Al descomponerse los residuos, se liberan líquidos lixiviados y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas. Los líquidos arrastran partículas de residuos y disuelven metales que son vertidos en el suelo y llegan así a los cursos de agua (1).
Estudios realizados sobre muestras de lixiviados (líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas) demostraron la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para vertidos en cursos de agua (2). Estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, enfermedades en la piel, cáncer, alteraciones hormonales y abortos prematuros, entre otras enfermedades.
Fuente: http://www.greenpeace.org/argentina/prensa-rss/libertad-a-activistas
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